Los campesinos ligados al sistema comunitario de agua de Girón han opuesto porfiada resistencia a uno de los proyectos mineros auspiciados por el estado: Loma Larga (antes conocido como Quimsacocha; ver ETI 97), a cargo de INV Minerals. Hace pocos días, una jueza negó la acción de protección interpuesta por el ministerio de Energía que buscaba impedir la consulta popular planteada por los pobladores desde 2012. El ministerio argüía que la consulta afectaba los “derechos de los ecuatorianos”, y que los intereses de 15 mil personas no pueden estar sobre los de 17 millones. La jueza, en cambio, consideró que el ministerio no puede representar los derechos de los ciudadanos, atribución que le corresponde a la Defensoría del Pueblo.
Según el ministerio, si se detiene la minería en Quimsacocha las pérdidas económicas serán millonarias. Lo que más preocupa al sector minero, sin embargo, es el precedente que esta consulta sentará de frente a la agresiva estrategia de expansión de la minería que tiene para todo el país.
Este fallo es solo un primer paso. En las urnas, la gente de Girón tiene que decidir si prefiere el oro o el agua. A favor del sí están las obras hechas por el estado con las regalías mineras anticipadas. Aunque existe un antecedente auspicioso: en 2011 se hizo una consulta comunitaria –no oficial ni vinculante– en la que 93% de habitantes de Tarqui y Victoria de Portete se pronunciaron contrarios a la minería.
Esta decisión judicial se suma a otro fallo histórico que hace un mes entusiasmó a organizaciones campesinas y ecologistas: los cultivos de soya transgénica encontrados en Los Ríos fueron declarados inconstitucionales. Por tanto, el ministerio de Agricultura está obligado a erradicarlos y a reforzar su monitoreo.
Varios años ha tomado a organizaciones campesinas, defensores de los derechos humanos y ambientalistas conseguir este fallo. El monitoreo de cultivos inició en 2011. En 2015 se detectaron los primeros transgénicos: dos tercios de las muestras de soya tomadas en el campo dieron positivo. En 2018 esta cifra aumentó al 75%.
El fallo puede señalar un giro en la postura del estado frente a la ilegalidad de los cultivos transgénicos, prohibidos en la constitución. Una demanda anterior contra el ministerio del Ambiente ya había sido rechazada. El ministerio de Agricultura admitía la presencia de soya transgénica y aplaudía su mayor productividad. El ministerio del Ambiente llegó a promocionarlos a través de cuñas de radio, a pesar de su ilegalidad. Recién en 2017 el saliente presidente Correa pretendió regularizar esta situación mediante un veto a la ley de Semillas en que se abría la puerta al cultivo de transgénicos “con fines de investigación”, vía que ha sido utilizada en otros países para su paulatina normalización.
El fallo también obliga al ministerio a capacitar a funcionarios y campesinos sobre los riesgos de estos cultivos y a publicar en su página web el lema “Ecuador es un país libre de transgénicos”.
