Una de las gratas tareas que conlleva ser editor de una revista es husmear en los archivos de los fotógrafos, en particular cuando, además de las hoy predominantes imágenes digitales, estos incluyen un bien ordenado acervo de diapositivas. Unas pocas instituciones también amparan archivos adecuados, como el Archivo Nacional de Fotografía que Lucía Chiriboga armó en el Instituto de Patrimonio Cultural, o el Archivo Blomberg, que mantiene y gestiona el aún fértil legado del fotógrafo sueco. Entre los más pulcros y generosos está el archivo de Marcela García, de donde destilamos la muestra de paisajes que presentamos en esta edición.
Sumirse en uno de estos archivos que abarcan décadas provoca nuevas inquietudes y perspectivas; a menudo, también emociones, desde la exaltación a la intranquilidad. Esa es una de las razones por las que los archivos son importantes: poder volver a ellos y, al compararlos con el presente, intentar comprender hacia dónde vamos. Hace algunos años, Jorge Anhalzer publicó un libro que tituló Lo que nos queda, como llamado de atención sobre un hecho evidente para quienes hacen fotografía de paisaje: en cada salida se debe ir un poco más lejos o forzar algo más el encuadre para que no aparezcan basurales, las hilachas de plástico de los invernaderos o estridentes vallas publicitarias. El deterioro de nuestro paisaje se ha vuelto dramático y acelerado.
No se trata solo del brusco rompimiento con lo que había antes. El cambio, cualquier cambio, suele generar rechazo, a menudo inseparable de la desazón por el eclipse de determinados órdenes sociales. La nostalgia de las élites terratenientes por el paisaje de la hacienda es también la nostalgia por un sistema de explotación del que eran beneficiarias. Lo que a unos puede parecer un paisaje armonioso, para otros será la geo graphia —la “inscripción en la tierra”— de violencias centenarias. Es por eso que la estética del paisaje siempre será un campo de batalla.
En esa batalla, los fanáticos del progreso señalan, a veces con razón, este carácter reaccionario que pueden tener las preocupaciones por la conservación del paisaje. En su posición más extrema, esta visión considera que cualquier cambio es mejor que lo que había antes. Tal absolutismo pasa por alto algunos parámetros importantes de la génesis del paisaje. El paisaje territorializa violencias. Al igual que el paisaje geológico actual nos permite “ver” la violencia telúrica de edades remotas, también relata, en su dimensión cultural, la servidumbre de la hacienda y el desplazamiento de las comunidades indígenas hacia los márgenes de lo cultivable (folclorizado, a menudo, como la pintoresca “colcha” de parches de cultivos en las laderas andinas). Pero los cambios en el paisaje no anulan estas violencias, como supone el progresivismo, sino que superpone violencias nuevas y relacionadas.
Es así que el paisaje se convierte en un texto donde se pueden leer los valores y los antivalores de las sociedades de las que surge. La desigualdad y el miedo se erigen en forma de garitas de urbanizaciones-búnker y viviendas con cerramientos electrificados. La hipocresía resplandece desde los exteriores racionalistas de panópticos que esconden el horror de la morcilla humana embadurnada en patios y paredes. Las jerarquías autoritarias y la corrupción se disciernen en los elefantes blancos estatales que pastan a lo ancho de la geografía, pero también en las rutilantes torres con que el capital narcopetrolero busca dominar el perfil urbano. La desidia y la depreciación del bien común se desparraman por las vegas de las quebradas, convertidas en basurales. Y todas estas taras superpuestas se materializarán en la inminente conjunción de espacio y tiempo en que la erosión del río Coca arrastre consigo al proyecto de infraestructura más costoso de la historia del país, en un espasmo paisajístico síntesis de la descomposición nacional.
Entre los antivalores que moldean, o deforman, nuestro paisaje, quisiera destacar el papel del racismo, pues su importancia explicativa es, como argumentaré, importante. La ideología nacional del mestizaje, potenciada durante el desarrollismo petrolero desde los años setenta, implicaba el “blanqueamiento” de la población indígena, vista como un lastre para el progreso del país. Esta violencia oficial contra los cuerpos indígenas tenía su correlato en la ofensiva por transformar una naturaleza concebida como atrasada. No fue coincidencia, entonces, que la “conscripción indígena” instaurada por la dictadura militar para “civilizar” a los jóvenes comuneros, buscara hacerlo a través de ponerlos a la tarea de sembrar pinos en el páramo —el paisaje considerado indígena por excelencia en el imaginario oficial— que también tenía que ser europeizado. De los setenta también son las primeras instancias de un grafiti que aparece con cierta recurrencia en nuestras ciudades: “Haga patria, mate un indio”. ¿Pero qué puede significar esta brutal consigna en un país de runas, sino un llamado a matar al indio que cada uno lleva dentro? En Ecuador, el racismo no puede sino tomar la forma de autorracismo: reprimir al indio interior que amenaza nuestra identidad blanca-moderna.
El autorracismo, con el desamor propio que lo acompaña, también explica por qué aguantamos el maltrato de ser gritados desde vallas y letreros todo el día, sin inmutarnos. En el centro histórico de Quito, como el paisaje se lo piensa para ser consumido por turistas extranjeros, la publicidad exterior y los letreros sí tienen normas estrictas (aunque ahora no se las esté haciendo cumplir). Dado que en el resto de la ciudad el paisaje es “para nosotros nomás”, no importa que se degrade.
Es en ese contexto que se tiene que analizar la actual transformación del paisaje. No es tan solo que tal o cual intervención pueda parecernos que desentona. Es que el paisaje que vamos construyendo incorpora y revela la fealdad propia de la violencia que hay en el rechazo de uno mismo, en la inseguridad identitaria y en la impostura avergonzada (o acholada, sinónimo que muestra con claridad la naturaleza racial de nuestras ansiedades).
Se busca la abolición completa de lo que hubo antes, no vaya a ser que nos recuerde lo que somos. Como proclamaba una valla del consejo provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas: “Nada con el pasado, todo con el futuro”. No nos permitimos referentes históricos para lo que construimos. Al contrario, ciudades que tuvieron tanto carácter como Latacunga —por poner un ejemplo de tantos en la Sierra— ahora son apenas distinguibles de los pueblos de frontera que surgieron a lo largo de las carreteras bananeras o petroleras, caóticas odas al bloque de hormigón y a los ventanales de espejo.
La misma ética de tierra quemada encontramos en la operación del estado, un estado signado por un complejo que no es racial, pero que se relaciona: el complejo del subdesarrollo. Para el estado acomplejado, el espectáculo es un elemento central del arte de gobernar: dada la esencia precaria del quehacer estatal, su forma apela a la alharaca. El paisaje se convierte en el escenario donde la nación conjura sus inseguridades.
Las autopistas, las centrales eléctricas, los puentes... son la prueba visible de que “el Ecuador ya cambió” —como todavía rezan al costado de las vías las vallas enmohecidas de los hermanos Alvarado—, aunque todo lo demás nos sugiera lo contrario. Ahora bien, este gobierno por alarde requiere ingentes recursos. Cuando estos escasean, se recurre a modos más eficientes de ostentación: la valla publicitaria, que es la manera de ocupar el mayor campo visual posible por dólar que se gasta. Todo lugar es bueno. Así, cuando en busca de lugares inhóspitos nos aventuramos a la cumbre de una montaña, nos recibe un letrero gigante que declara “CUMBRE DE UNA MONTAÑA”, acompañado de los respectivos logos de los responsables de la mejora. O en el ingreso norte del parque nacional Cotopaxi, donde entre nosotros y la vista del característico cono se interpone un enorme cartel con una foto carcosa del característico cono (“Previsivos. Para cuando esté nublado”, se reía una desconcertada turista).
En la proliferación de vallas publicitarias se hace evidente otra característica de la modernidad subalterna que —junto con el autorracismo— puede ayudar a explicar el maltrato al que sometemos al paisaje: la adopción de la tecnología como algo mágico, inherentemente bueno, que emana en el extranjero y nos llega ya en estado perfecto. En los centros donde se desarrollan las tecnologías, lo usual ha sido —al menos hasta la enorme aceleración del cambio tecnológico de los últimos veinte años— que las nuevas tecnologías se adopten poco a poco, a menudo con escepticismo y que, a la par, se vayan desarrollando normas e instituciones que mitiguen sus efectos indeseables. Aquí no. Aquí nos abalanzamos a abrir la caja y estrenar el juguete, sin molestarnos en leer las instrucciones, peor en considerar las adecuaciones normativas o sociales que se requerirán. Como si un niño se pusiera al mando de un tanque de guerra, las enormes capacidades que confieren algunas tecnologías no van refrenadas por debate público, nuevas responsabilidades o sistemas de regulación.
La manifestación más cruenta de este fenómeno es, quién lo duda, la carnicería que ha significado la adopción y promoción del automóvil en el país. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Nacional de Tránsito, cada año mueren cerca de 4 mil personas en mal llamados accidentes, cerca de un tercio de ellas son peatones y ciclistas, víctimas pasivas. Muchísimas más quedan incapacitadas de por vida. Nuestro sistema de movilidad es —horror que por alguna inescrutable razón no nos conmueve— la primera causa de muerte entre niños y jóvenes ecuatorianos. La tasa de muertes en las vías en Ecuador es, según la OMS, de 21,3 por 100 mil habitantes. Por comparación, en países de donde vienen los autos, como Alemania o Suecia, EUROSTAT reporta tasas de 3,7 y 2,1, respectivamente.
Sin el mismo dramatismo pero con un patrón similar, las nuevas capacidades desbocadas por la falta de nuevas normas se registran en todos los ámbitos. Hoy en día, un quinceañero con treinta dólares —o un predicador de feria, una sucursal de Sana Sana o un impulsador de Claro— puede adquirir la misma potencia sonora que hasta hace solo pocos años estaba reservada a DJ profesionales, y lo padecemos en el paisaje sonoro de nuestras ciudades. La tecnología LED deshizo los límites que costos y consumo de energía imponían a la extendida idea de que, en cuanto a iluminación, mientras más, mejor, y abrió las puertas a la epidemia de contaminación lumínica a que nos abocamos. Igual con los pesticidas. Cirugía plástica y bolsas de plástico. Antibióticos autoprescitos. Niños con celulares. Lo que nos imaginemos.
En esa línea, el plóter se ha convertido en uno de los vectores de la devastación del paisaje. Antes del plóter, colocar un letrero resultaba costoso. Se los solía encargar a expertos —industriales o artesanos, estos últimos, creadores de un interesantísimo corpus de gráfica popular (ver ETI 59). Hacer un letrero se encarecía con cada centímetro cuadrado adicional, por lo que sus dimensiones se mantenían como la capacidad adquisitiva de la población: modestas. No era solo un tema de costos. Hacer y montar un letrero mayor de, digamos, tres o cuatro metros, requería de unos materiales, equipos y logística que hacían más práctico pintar un mural a mano. Quizá como producto de estas limitaciones materiales, el comportamiento cívico también observaba modestia, en su otra acepción: había un cierto pudor sobre pegar alaridos (visuales) en el espacio público.
La llegada del plóter lo cambió todo. El plóter viabilizó las más estridentes fantasías y convirtió en decorado público cualquier arrebato de creatividad. Traiga la foto que el primo hizo con el celular, satúrele los colores, bájese una plantilla de diseño de la web, y por pocos dólares el vecino le imprime un banner en vinil brillante para cubrir toda la fachada del nuevo local. O para cruzarlo en la vereda, y así no dejar escapatoria. Total, nadie controla o reclama. No es (solo) una cuestión de estética, sino de volumen; del ruido y la disonancia de incesantes chirridos visuales que compiten entre sí.
Alguien podría pensar que no, que lo que trajo el plóter es la democracia en la ocupación visual del espacio público. Hasta que alzamos un poco la mirada. Allí nos encontramos con los nuevos amos del paisaje.
Si una persona que murió en los años noventa pudiera regresar a recoger sus pasos por nuestras ciudades, el cambio que más notaría, sin ninguna duda, sería la omnipresencia de vallas publicitarias y pantallas gigantes más allá de la escala humana. Según un estudio de William Zeas (2017) sobre la contaminación visual en Quito, las primeras vallas aparecieron en 1995. En 2011, estimativos basados en un censo del municipio calculaban que había de 8 mil a 10 mil vallas grandes y medianas en el distrito metropolitano (El Comercio, 24 de agosto de 2011). De ahí para acá, han proliferado ad nauseam. Ni siquiera la explosión de permisos emitidos por el municipio nos puede dar una idea, pues se cree que un 86 % de la publicidad exterior no los tiene (Expreso, 6 de marzo de 2025).
Otra vez: lo que hemos hecho es tomar una tecnología desarrollada en otros países para ser utilizada en autopistas —anuncios para ser vistos a gran distancia, a alta velocidad— y la hemos transplantado a los centros urbanos, acomodándola en el jardín del vecino. A nadie le pareció inapropiado. Tres o cuatro empresas con buenas conexiones en los municipios del país se han repartido el paisaje y libran una encarnizada batalla por nuestra atención. Bajo el membrete de “publicidad innovadora”, cada anuncio empieza a parecerse a un carrusel de feria; si no brilla y hace cabriolas, ya no logra afectar nuestros entumecidos sentidos. Y la escasez de anunciantes que trajo la crisis no ha disminuido la contaminación visual, sino que se multiplican los avisos de “espacio disponible” o los esqueletos vacíos y desvencijados de estos cíclopes, guardando puesto.
Parecería que el asedio que vivimos en Quito estaría en los límites a los que pueden llegar la desproporción y el desprecio por el horizonte común, pero hace unos meses viajé, a los años, por la vía de Guayaquil a la costa. Cada publicidad —y hay muchas, muchísimas, a lo largo de todo el trayecto— consiste ya no en una valla, sino en una serie de vallas colosales y consecutivas. A través de ellas se desarrollan historias, se desglosan catálogos de productos o se intentan chistes que a los publicistas les deben parecer tan buenos que se justifica embutírnoslos a la fuerza. O no. Talvez no les parecen tan buenos e igual nos los embuten. Aquí también, la “innovación” consiste en hacer el mayor ruido posible: incorporar luces intensas e intermitentes, sumarle movimiento y desplegar telones de cada vez mayor tamaño. En esta guisa, la publicidad ya no utiliza el paisaje; aspira a convertirse en paisaje y tragarnos.
Ya en la orilla del mar, el panorama no es mejor. Los municipios y consejos provinciales colocan sus desproporcionadas vallas —publicitarias o de información— incluso en la playa. Desde las cumbres de las montañas hasta donde mueren las olas vamos convirtiendo el paisaje en un albañal. Siempre nos queda la alternativa de meter los pies en el agua y darnos la vuelta. Nos volverá a recibir el horizonte marino límpido del inicio de los tiempos, con la luz recién hecha y la serenidad de una siesta. Pero no debería ser necesario dar la espalda a la presencia humana para disfrutar de la belleza y el sosiego. Podrían ser suficientes una mayor conciencia colectiva de nuestro entorno; un mayor respeto por nuestros conciudadanos, que pasa por la recuperación del amor propio; y regulaciones pertinentes, guiadas no por la desidia o los intereses particulares, sino por un concepto fortalecido del bien común
