En medio del tumulto del mundial de fútbol, una noticia trascendental pasó casi desapercibida. Por primera vez desde que el Ecuador empezó a exportar petróleo en 1970, el estado percibió menos dinero por exportaciones de petróleo que lo que desembolsó por importación de derivados de petróleo. En efecto, a finales de junio, Petroecuador publicó su informe estadístico en el que consta que durante los primeros cinco meses del año (enero-mayo) vendió petróleo al exterior por US$ 3256,7 millones, mientras que pagó US$ 3593,6 millones por los combustibles que compra afuera para el consumo interno del país. Es decir, el balance del comercio petrolero fue negativo en US$ 336,9 millones. Este hito marca el fin de la era petrolera, más de cinco décadas en que el petróleo ha constituido el puntal de los ingresos del país.
Si bien este balance negativo tiene elementos coyunturales, como el encarecimiento del petróleo y sus derivados por la guerra de Irán, el mayor consumo energético durante las olas de calor en la Costa, el colapso de nuestra capacidad refinadora o el aumento de la generación eléctrica con combustibles fósiles, también es cierto que remata una tendencia sostenida que obedece a factores estructurales. Exportamos menos petróleo, de menor calidad, y los ingresos petroleros son una proporción cada vez menor tanto de las exportaciones totales como de los ingresos fiscales (ETI 131). Al mismo tiempo, el consumo interno de combustibles fósiles no para de crecer (3 % anual de promedio entre 2000 y 2021) (ETI 133). Aunque por un tiempo se vayan a alternar episodios de balances petroleros positivos y negativos, convertirnos en importadores netos de combustibles fósiles parece inexorable.
Ante este escenario, la reacción refleja de las clases dirigentes ha sido buscar la expansión de la frontera petrolera hacia el suroriente y, sobre todo, profundizar el extractivismo a través de la megaminería. Es decir, se busca sostener un modelo que no ha funcionado más que para unos pocos y ha exigido que nos convirtamos en etnocidas y ecocidas. La gran minería es una versión aún más insensata de lo mismo.
Por el contrario, la coyuntura del fin del petróleo puede ser la oportunidad para imaginar otro país, con una economía más justa y sostenible, basada en las ventajas y posibilidades de nuestra geografía y cultura, y orientada al consumo interno, el turismo y la exportación con alto valor agregado (ver ETI 132).
La realidad pospetrolera también nos obliga a replantear nuestra política energética. En primer lugar, hace evidente la necesidad de acelerar la transición hacia la electricidad, en especial en el sector de transporte y movilidad donde dominan los combustibles fósiles. Sin embargo, para que haya una transición, y no simplemente una adición de otras fuentes de energía, es necesario además abandonar la quimera del crecimiento infinito en la oferta de energía. La política de inversiones deberá tomar en cuenta la intensidad energética de las actividades económicas, esto es, el aporte económico y la demanda de empleos de una actividad por cada unidad de energía que utiliza. Bajo esta lupa, la megaminería, por ejemplo, resulta un pésimo negocio, pues su aporte económico y creación de empleo es ínfima en comparación con la cantidad brutal de energía que requiere (ver ETI 134).
Por último, lo sensato es no expandir la frontera petrolera y centrarse en optimizar la explotación de los campos ya activos (menos el ITT, que por mandato popular y respeto a la vida de los pueblos aislados hay que cerrar ya). Y esa producción habrá que destinarla a la refinación local para el consumo interno de combustibles (que también hay que buscar reducir a través de políticas inteligentes de movilidad). La exportación de crudo barato para importar combustibles caros ya no nos rinde, y lo hará menos cada vez. (Andrés Vallejo)
