El
más grande de los caballos de mar, Hyppocampus
ingens, con 30 cm de longuitud, cuyo macho
protege a las crías guardándolas
en su boca, está amenzadao por su uso
como afrodisíaco en los mercados del
Lejano Oriente. |
Cuando
Jerry Wellington, voluntario del cuerpo de Paz
entre 1974 y 1976, terminó su reporte
sobre las zonas costeras de Galápagos,
se hizo evidente que había mucho más
bajo el agua del archipiélago que solamente
comida de sustento para los animales protegidos
del Parque Nacional: aves marinas, iguanas,
tortugas y, obviamente, los carismáticos
lobos marinos. La necesidad de proteger una
franja marina del archipiélago se evidenció
en el primer Plan de Manejo, siendo el objetivo
principal asegurar la fuente alimenticia de
los organismos costeros, científicamente
importantes y a la vez, el mayor atractivo para
el turismo.
Si comparamos lo que fueron las aspiraciones
iniciales de protección del área
marina con lo que hemos logrado hoy en día,
hemos caminado, o mejor, navegado, un buen trecho,
aunque las presiones sobre los recursos marinos
también se han multiplicado en la última
década.
En 1976, la propuesta era de unas tímidas
dos millas náuticas de franja marina
alrededor de cada una de las islas, con una
zonificación que protegería únicamente
el 4% de esta franja en forma total. En el área
restante seguiría permitida la pesca
artesanal. Estas dos millas náuticas
formarían parte del Parque Nacional;
sin embargo, esto constituía una situación
jurídicamente complicada porque la zona
marina estaba bajo el mando de la Marina y la
Subsecretaría de Pesca.
Durante la dictadura militar, en 1978, realizamos
el primer taller informativo en la isla San
Cristóbal con un grupo de pescadores
que no superaba los 100, poco organizados, pero
ya en este tiempo con opiniones fuertes. Asistieron
el Subsecretario de Pesca, el Director del Instituto
Nacional de Pesca y el Director Nacional de
Áreas Protegidas. En el evento ganamos
las primeras experiencias; era claro que el
concepto de áreas protegidas marinas
no estaba bien entendido ni por parte de los
usuarios ni por parte de las autoridades. Estos
“pequeños errores de interpretación”
por parte de las mismas autoridades significaron
una demora de años en el proceso de creación
de la reserva.
Para bien o para mal, el hecho es que en 1986
se creó la Reserva de Recursos Marinos,
nombre derivado de una de las categorías
para áreas protegidas que había
propuesto la Unión Mundial para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) para zonas cuyo manejo
futuro aún quedaba por definir, y que
no tenía correspondencia en la legislación
ecuatoriana.
La pérdida de una década en la
definición de una forma de protección
del área marina fue compensada por la
inclusión de una superficie mucho más
grande de lo que jamás se esperó:
15 millas náuticas a partir de una línea
base que unía los extremos de todas las
islas periféricas, es decir 70 000 km2,
una de las áreas legalmente protegidas
más grandes del mundo.
En la misma década de los ochenta, lo
que se había ganado en superficie fue
contrarrestado por el aumento de las presiones
internas sobre los recursos marinos. A pesar
de que los propósitos de la reserva siempre
habían sido la protección de los
ecosistemas marinos y la salvaguardia de los
intereses de los pescadores artesanales y sus
formas tradicionales de pesca, la debilidad
de las instituciones para el manejo del área
marina protegida no permitía contrarrestar
ni las incursiones de barcos industriales extranjeros
y nacionales, ni el crecimiento de actividades
pesqueras locales.
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