Agradezco la carta enviada en respuesta al artículo “Dinero por conservación. ¿Cómo funciona Socio Bosque?”, publicado en la edición especial de la revista Ecuador Terra Incognita (88), sobre bosques y cambio climático. Mediante esa carta, el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) busca informarme sobre el funcionamiento del Programa Socio Bosque pensando que tal vez así modificaré las opiniones vertidas. Agradezo la intención, pero debo aclarar que llevo investigando el Programa Socio Bosque por más de dos años ya, dedicándole mucho de mi tiempo de reflexión y estudio. Considero que si el MAE me asume como una interlocutora que está bien informada, la calidad del diálogo que podamos mantener se elevará.
Dicho esto, quiero aclarar también que el análisis que realizo es político y no técnico, colocando a Socio Bosque dentro del contexto más amplio de la política nacional. Así, parto de que el actual modelo de desarrollo busca expandir las fronteras de extracción de petróleo y minerales, y favorecer la proliferación de monocultivos para el agronegocio. Más allá de la idoneidad de dicho modelo, de los beneficios económicos y de los impactos socioambientales que genera, y más allá de los detalles técnicos del Programa Socio Bosque, de sus aciertos y problemas de implementación, me animo a plantear una cuestión fundamental:
Es legítimo preguntarse cuál será el rol del Programa Socio Bosque en el proceso de concesión de territorios a las actividades de extracción petrolera y minera en la Amazonía centro-sur, territorio donde actualmente se licitan bloques para explotación petrolera como parte de la décimo primera ronda de negociaciones, donde se han dado concesiones para minería a gran escala y donde el Programa Socio Bosque mantiene la mayoría de las hectáreas bajo conservación.
Como respuesta, me atrevo a señalar que, si bien Socio Bosque al parecer realiza un esfuerzo en la conservación de unidades de bosque y otros ecosistemas y en la redistribución del dinero de la renta nacional, como parte del MAE tiene un rol funcional a la implementación del modelo de desarrollo. En relación a la extracción de petróleo y minerales, el MAE ha asumido el rol de administrador de los impactos ambientales que genera esa extracción, sin posicionarse críticamente frente a ella. De hecho, en su carta señalan que “el marco constitucional es claro sobre la propiedad de los recursos estratégicos del Estado y, por ende, dichas actividades [las extractivas] se pueden realizar”. Por ejemplo, el MAE podría haber analizado críticamente la legitimidad o la conveniencia (no solo la legalidad, que es cosa muy distinta) de la apertura de más pozos dentro del parque nacional Yasuní, pero no lo hizo, y es lógico suponer que tampoco lo hará en las áreas de Socio Bosque.
Puede, desde luego, ocurrir que el Programa Socio Bosque haya incidido favorablemente en la organización y construcción de autonomía de los pueblos indígenas y campesinos en las zonas de expansión de las industrias petrolera y minera, de tal modo que los territorios que no deseen tener dichas actividades en su interior puedan manifestar su resistencia, derecho consagrado también en la Constitución. ¿Cuál será la postura del Programa de darse esa oposición al extractivismo en territorios indígenas o campesinos?
Para terminar, puntualizo que personal y profesionalmente estoy convencida de que la protección de ecosistemas y las actividades de extracción de petróleo y minerales no pueden coexistir. Estudios y análisis críticos como el que estoy realizando y hacen muchos otros investigadores e investigadoras independientes buscan develar esas contradicciones; el MAE podría muy bien nutrirse de ese pensamiento crítico para apuntalar el trabajo que ya realiza y considerar a ambientalistas y ecologistas sus aliados –y no sus contrarios– en una causa común: la conservación de la naturaleza y de su gente.
