E l pasado 31 de mayo, a dos semanas de la “muerte cruzada”, el presidente Guillermo Lasso puso en vigencia el decreto 754, que reforma el reglamento al código orgánico del Ambiente. Dicho decreto reincide, una vez más, en las mismas inconstitucionalidades respecto a la consulta previa que la corte Constitucional ya ha declarado en varias de sus sentencias: confunde, 1) la consulta ambiental del artículo 398 de la constitución con la consulta libre, previa e informada a las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, regulada en el artículo 57, numeral 7 de la constitución; 2) regula el ejercicio del derecho constitucional a la consulta previa con un mero decreto, cuando la constitución exige que el ejercicio de los derechos constitucionales se regule por ley orgánica, y 3) regula derechos de los pueblos indígenas sin haber consultado a dichos pueblos, como lo dispone el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Tanta tozudez en desobedecer las normas constitucionales que consagran el derecho a la consulta como un derecho colectivo de los pueblos indígenas, y en ignorar lo que ha establecido la Corte sobre este derecho en varias sentencias —algunas de las cuales incluso se citan en los considerandos del decreto— no es casual. Si hay un derecho constitucional que ha resultado conflictivo para el estado en los últimos veinte años, ha sido, precisamente, el derecho a la consulta previa; su exigencia ha fortalecido la férrea defensa que los pueblos de la Amazonía y de los páramos han hecho de sus territorios frente a los insaciables apetitos mineros y petroleros.
A la larga, este decreto será un intento vano más por desvirtuar ese derecho, pues caerá por su propio peso. Lo preocupante es la delicada coyuntura en la que se emite. Primero, porque el ejecutivo está gobernando en ausencia de la función legislativa, investido de poderes no ordinarios; se esperaría, por tanto, un especial cuidado en respetar la constitucionalidad.
En segundo lugar, porque el diseño constitucional de la muerte cruzada ha dado a la Corte Constitucional el rol crucial de emitir dictamen previo de constitucionalidad cuando el ejecutivo pretenda legislar mediante decretos-ley de emergencia económica, pero ese control sobre los decretos ordinarios como el 754 solo puede ser a posteriori, cuando se demande su inconstitucionalidad, en un proceso que suele durar años. En consecuencia, es evidente el peligro de que un gobierno que va a durar meses pretenda legislar mediante decretos ordinarios, por fuera de la constitución y de la fiscalización de una asamblea, materias delicadas, como los conflictos que los intereses petroleros y mineros generan en territorios indígenas.
El respeto al derecho a la consulta libre, previa e informada ha sido un elemento central de las reivindicaciones de las organizaciones indígenas en las últimas décadas. La elaboración de una ley que regule este derecho de conformidad con la constitución y los instrumentos internacionales fue, incluso, compromiso de las mesas de diálogo luego de las últimas movilizaciones. Pretender aplicar un reglamento claramente inconstitucional podría encender una llama que luego resulte difícil de apagar. Por todo esto, el decreto 754 resulta peligroso y debería ser derogado. Con este objetivo, el 13 de junio la CONAIE y la CONFENIAE, con el apoyo de la fundación Pachamama y del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad ante la corte Constitucional del Ecuador.
Mario Melo, decano de la facultad de Jurisprudencia de la PUCE y asesor de fundación Pachamama. Juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y litigador en casos emblemáticos, como el de Sarayaku y el de los pueblos Tagaeri y Taromenane frente a la corte Interamericana de Derechos Humanos. memelo[arroba]puce.edu.ec
