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l 20 de agosto decidiremos si el petróleo del bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) se queda bajo tierra para siempre o fluye para aportar en su quema al calentamiento global. De ganar el SÍ, será la culminación de un largo y atribulado sueño colectivo que, como país, nos propusimos hace más de diez años. Colectivo, pues si bien la idea nació ya en los noventa del siglo pasado de grupos ambientalistas ligados al colectivo Amazonía por la Vida, y en los últimos años ha sido mantenida gracias al admirable tesón de los Yasunidos, desde que se lanzó la propuesta Yasuní-ITT en 2007, se volvió un sueño sin dueño, de toda la sociedad. Alrededor de la propuesta, el país entero se yasunizó, ese cristalino neologismo que sintetizó lo positivo, lo esperanzador, lo honrado, en contraste con el miasma autoritario y corrupto que se respiraba.
De haberse realizado la consulta que propusieron los Yasunidos y apoyamos con nuestras firmas cientos de miles de personas en 2014, la opción de dejar el petróleo en el suelo habría ganado por un amplio margen. Por eso es que los intereses petroleros y sus peones políticos fueron tan lejos, llegaron tan bajo, para evitarla. Ahora que la acertada decisión de la corte Constitucional ha dado paso a que se realice la consulta, podíamos esperar que tampoco guarden las formas. Así, se puso en marcha una agresiva campaña de propaganda en la que columnistas de opinión y los noticieros de los medio corporativos no soltaron el tema: “consulta mañosa”, “activismo judicial”, “suicidio asistido”, “desplome fiscal”, “quijotismo económico” son algunos epítetos que dan una idea del tono.
La fortaleza de los argumentos, sin embargo, no se compadece con el talante apocalíptico de las predicciones. En esta serie, revisaremos algunos de estos argumentos de los apólogos del extractivismo rentista, donde de pronto confluyen, con los mismos discursos y sentencias, acérrimos libremercadistas con Rafael Correa y sus apóstoles.
I. (Ir)racionalidad económica
Trataremos el tema económico primero, pues es el que domina las objeciones a dejar el crudo del ITT en el subsuelo. Con este enfoque reduccionista, y mediante la evocación de escenarios económicos catastróficos, se desvía la atención de lo sustancial, pues lo sustancial del debate sobre la explotación del ITT no es lo económico. Sin embargo, es fundamental aclarar este aspecto, pues ni aún desde la perspectiva económica tiene sentido explotarlo.
Las cifras que se han presentado sobre los beneficios que tendría la explotación del crudo del ITT muestran variaciones radicales. Cuando el expresidente Correa anunció lo que su gobierno ya tuvo claro desde un inicio —que se abandonaría la iniciativa ITT y se daría paso a la explotación del bloque— dijo que los US$ 18 mil millones que se obtendrían de los 846 millones de barriles existentes “sacarían de la miseria” al país. En 23 años que duraría la explotación, aportaría para el fisco un promedio de US$ 782 millones al año. Al inicio de la explotación, en 2016, se actualizaron esas cifras; los medios festejaron el anuncio de Jorge Glass, entonces vicepresidente, de que habrían 1672 millones de barriles en el ITT, el doble de lo esperado, que aportarían cerca de US$ 1600 millones anuales.
La propaganda difundida por Petroecuador luego de la reactivación de la consulta en 2023, vuelve a poner el valor total del petróleo del ITT en los US$ 18 mil millones que utilizó Correa: 4 mil millones en los ocho años desde que inició la explotación, más 13 800 millones en los próximos veinte años. Estas cifras, no coinciden siquiera con las cifras que la misma Petroecuador entregó a la corte Constitucional cuando consideraba la reactivación de la consulta, a inicios de este año. En esos documentos, la empresa estatal estimaba los posibles ingresos por el petróleo del ITT en US$ 8 mil millones (solo 4800 millones a valor constante, el 0,8% del presupuesto del estado).
No es coincidencia la confusión de las cifras que se manejan. Esta falta de transparencia es consustancial al negocio petrolero (y, por cierto, al minero). Por un lado, está la alta volatilidad del mercado, que causa una gran incertidumbre sobre los precios futuros del petróleo. Esto da amplio margen para la manipulación de cifras, y en todas las cifras expuestas arriba, los entes oficiales han usado precios muy optimistas que han terminado siendo defraudados por la realidad. La calidad del crudo también es variable, y el precio al que se puede vender en el mercado internacional depende de esta calidad. Los precios que se utilizan para hacer los estimativos son los del West Texas Intermediate (WTI), un crudo liviano y con bajo contenido de sulfuros con un grado API de 40. Por contraste, el grado API del pesado crudo del Yasuní está entre 14 y 15, e incluso 8 para muestras de los nuevos campos que se pretenden abrir.
A los funcionarios y a las empresas petroleras les interesa inflar las cifras para justificar la realización del proyecto, pues aunque la inversión no vaya a ser rentable para el estado, beneficiará a las empresas que operen allí. El negocio para ellas es la operación, no la venta del crudo. Asimismo, los funcionarios corruptos, como, por ejemplo, el expresidente Jorge Glass mencionado arriba, tienen un incentivo en inflar las cifras, pues así los sobornos que obtienen de los contratistas también serán mayores. Además, mientras más grandes sean las proyecciones, mayor será el apoyo de los gobiernos locales, que por ley obtienen un porcentaje del pastel. Y al estado central, endeudado crónico, la inflación de las reservas petroleras le da acceso a créditos salvadores, pues utiliza esas reservas dudosas como colateral.
Por todas estas razones, no solo por su extrema variabilidad, las cifras presentadas por el estado no son de confiar.
Por fortuna, ya hay varios análisis concluyentes que han desmenuzado estos números y los han contrastado con la realidad. Entre los aportes importantes están los de Carlos Larrea, Alberto Acosta Espinosa, Inty Grønneberg y Wilma Salgado, de donde provienen la mayoría de las cifras presentadas a continuación.
Un dato importante es el de los barriles diarios producidos, pues el mayor miedo que han intentado sembrar los extractivistas es el de la sequía del flujo fiscal. Esos son ingresos diarios, nos dicen, que el estado necesita para sobrevivir. Los barriles diarios han variando desde las proyecciones más optimistas para justificar el proyecto hasta las cantidades decepcionantes que se han extraído en la realidad. Las prevenciones actuales son que los campos del ITT ya han llegado a sus máximos niveles de extracción e iniciarán su declinación en los próximos años.
Fuente: Amicus curiae presentado por Carlos Larrea a la corte Constitucional, 2023.
Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes.
Se constata, entonces, una enorme diferencia entre las estimaciones de la propaganda oficial y lo que ha pasado en los hechos. La exministra de finanzas Wilma Salgado estima que la explotación del ITT aportaría US$ 241 millones anuales, y no los US$ 1200 millones que los voceros estatales extrapolan sin sustento a toda la duración del proyecto. Es decir, el 0,78% del presupuesto del estado en 2023, y una ridícula decimonovena parte de lo que el estado gasta en subsidios a los combustibles, que en 2022 llegó a la obscenidad de US$ 4560 millones.
Más allá de la manipulación de cifras por parte de los interesados, hay otras forma en que el negocio petrolero es fraudulento en su esencia: no contabiliza gran parte de sus costos; asume como naturales todos los subsidios explícitos y ocultos de los que se beneficia. De otra manera, no cuadrarían las cifras y el absurdo económico sería evidente. ¿Qué valor tienen los bosques más biodiversos del mundo para la contabilidad petrolera? Cero. ¿El agua que producen, el aire que aportan, la manutención de los ciclos naturales indispensables para el funcionamiento de la economía? Cero. ¿Los daños por el calentamiento global que producirá la quema de lo extraído? Cero. ¿La contaminación del agua que se utiliza y la que malogran los múltiples derrames? Nada. ¿Cuánto cuestan los sistemas socioeconómicos que se desmantelan y los conocimientos locales que se pierden para siempre? Cero. ¿Las otras actividades económicas que podrían desarrollarse en esos territorios y que el extractivismo precluye? Niente. Es decir, para que el negocio petrolero en lugares como el Yasuní tenga un balance mínimamente positivo, depende de lo que los economistas llaman la externalización de sus enormes costos, el traslado de estos costos a terceros, a la sociedad en su conjunto o a la naturaleza.
Todo esto ya es muy conocido; son las bases de la economía ambiental, que es lo mismo que decir una economía sin tapaojos. Pero aún hay más. Los números presentados por Petroecuador van más allá de estas omisiones habituales de la economía tradicional. Algunos ya han sido señalados por los estudios mencionados arriba. Se toman los costos de remediación y desmantelamiento de las operaciones como pérdidas que produciría la victoria del SÍ, cuando son operaciones obligadas por los términos contractuales y los mandatos legales, es decir, costos necesarios, más temprano o más tarde, independientes de los resultados de la consulta. Se mencionan solo los ingresos, sin tomar en cuenta los costos de producción, que en el Yasuní son altísimos y varían entre US$ 36 y US$ 50 por barril. No se toma en cuenta la amortización de las inversiones y la posible reutilización de muchos de los equipos. No se consideran los costos de capital (por ejemplo, la disminución de las reservas cuando se las explota, o los costos de oportunidad si esas inversiones fueran utilizadas para otras actividades). Y un largo así.
Frente a este galimatías de cifras contradictorias y omisiones incomprensibles, me dispuse a oír con detenimiento una entrevista que dio el ministro de Energía, Fernando Santos, sobre el tema. Con seguridad me aclararía el panorama. Y lo hizo, para peor. Quedó clarísima la (ir)racionalidad de la economía petrolera que manejamos: la explotación del petróleo del Yasuní que él mismo ha lamentado que resultó como brea espesa, es beneficiosa para el país porque, para el ministro, casi no existirían costos. No contabiliza los costos de exploración, pues esta fue hecha en los años cuarenta. Otro costo importante de la explotación —la separación del agua que sale con el petróleo— no las contabiliza porque se utilizan máquinas que quedaron de la expulsión de la Occidental. Y asume a los costos de producción (es decir, lo que Petroecuador ahora paga a las empresas chinas encargadas de las operaciones), no como costos, sino como generadores de riqueza porque crean empleo y actividad económica. Esto, sumado a su negación de la catástrofe socioambiental que ha significado la explotación petrolera en la Amazonía (“En Ecuador, no hay ejemplo de malas prácticas. Se han hecho bien las cosas”, asegura), le lleva a afirmar que “la operación del Yasuní es rentable, muy rentable”. Confrontado con un análisis que muestra que la operación del ITT estaría generando pérdidas, responde esto:
Mire, yo le veo desde el punto de vista de los ingresos en dólares de la actividad del Yasuní. Los 55 mil barriles por año, a US$ 60 cada barril, son US$ 1.200 millones que dejan de ingresar al país, a un país dolarizado. Esa es la visión [por la] que yo puse los 1200 [millones]. Obviamente, usted puede decir, para el fisco entran [solo] 250 millones. (...) [Pero] el país deja de recibir 1200 millones de dólares.
Solo gracias a esta contabilidad trucha y estrafalaria hace sentido económico explotar el Yasuní. Es una contabilidad que podríamos llamar “del heredero inepto”, donde no importa cuánto ha costado producir algo, o cuánto costaría remplazarlo, solo importa el flujo monetario que genera su venta. Como el junkie que se birla el jarrón de la dinastía Ming de la casa familiar para venderlo por US$ 100 y siente que ha hecho el negocio de la vida. Total, le alcanzará para aplacar las ansias de toda la semana.
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