La deriva autoritaria en que está embarcado el gobierno de Daniel Noboa se debe entender no solo en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, sino como el preámbulo a una anunciada intensificación de la actividad minera a gran escala. Entre las maniobras para acaparar el poder y socavar las instituciones democráticas hay varias que tienen relación directa con la desactivación de los instrumentos legales y constitucionales que regulan la minería, y que no han recibido la debida atención. Otras, de plano, buscan intimidar a cualquier oposición que se plante a la actividad.
En agosto de 2025, por ejemplo, la asamblea nacional aprobó la ley de Transparencia Social, que impone a las organizaciones sociales cargas burocráticas inmanejables y que abren las puertas a la coacción gubernamental. Las primeras consecuencias se vieron durante el paro indígena de octubre pasado, en que se bloqueó sin justificación las cuentas bancarias de varios dirigentes y organizaciones. En esa misma coyuntura, el presidente Noboa emitió el decreto 191, que establece de modo expreso que “las organizaciones sociales no podrán intervenir, directa ni indirectamente, en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”, a riesgo de ser cerradas.
Destaca también la aprobación, sin debate social, de la nueva ley de Minería y Energía que entró en vigencia el 2 de marzo. Entre los “incentivos” que la ley otorga a la actividad minera está el debilitamiento de la consulta previa a la iniciación de un proyecto, establecida en la constitución; la creación de “áreas estratégicas” mineras, donde la provisión de servicios e infraestructura estatales se subordina a la actividad minera; la apertura a la militarización de estas áreas (que se solapan con territorios indígenas).
Quizá el punto más polémico de la ley es la eliminación de la necesidad de licencia ambiental para la etapa de exploración avanzada, que tiene impactos importantes e irreversibles. La ley la sustituye por una mera “autorización ambiental”, sin el requisito de un estudio de impacto ambiental. También introduce la regla del “silencio administrativo positivo”, que quiere decir que si la autoridad competente no responde en un plazo determinado, se considerará aprobado el requerimiento de la empresa, lo que abre el camino para todo tipo de abusos y negligencias.
La eliminación del requisito de estudios de impacto ambiental es trascendental. Cuando están bien hechos, estos estudios se convierten en la incontestable demostración de lo absurdo que resulta para el país extraer minerales en los bosques más diversos del mundo o en fuentes de agua que alimentan la vida y la economía. Tal fue el caso del estudio que, en 1996, la Agencia de Cooperación del Japón realizó para la Mitsubishi, para la mina que esta empresa planeaba explotar en Junín, y que obligó a la empresa a retirarse del proyecto. Hasta hoy, este estudio es un pilar de la resistencia antiminera en toda esa región.
Cuando están mal hechos —la mayoría de casos, pues son las propias empresas las que contratan los estudios— hacen evidente la naturaleza fraudulenta de las premisas en que se basan los licenciamientos, como fue el caso que llevó a la revocatoria de la licencia en Quimsachocha. Con la nueva ley, embustes como este no podrán ser evidenciados.
Distintos colectivos —las organizaciones indígenas de varios niveles, el Frente Antiminero, los Yasunidos, los Defensores del Agua de Azuay y Cañar, entre otros— han interpuesto demandas de inconstitucionalidad contra esta ley. La respuesta del gobierno ratifica la adopción de prácticas represivas e intimidatorias que evocan la primera arremetida minera durante el correísmo. Por un lado, la contraloría ha acomodado informes con indicios de responsabilidad penal contra los jueces de la Corte Constitucional que tienen que resolver sobre estos (y otros) asuntos relacionados con la gran minería. Por otro lado, un Consejo Nacional Electoral (CNE) sumiso al gobierno acaba de hacer sancionar con US$ 18 mil a dirigentes de los Yasunidos por, según estos dirigentes, una clasificación equivocada de 39 centavos en las cuentas de campaña del referendo sobre el Yasuní.
Parece que el gobierno ni siquiera pretende ya mantener una apariencia de legalidad, proporcionalidad o debido proceso; al contrario, como en otros casos relacionados con la toma de la justicia, incurre en un alarde de poder arbitrario que lo que busca es atemorizar y disuadir. (Andrés Vallejo)
