Tres informes recientes dan cuenta del acelerado deterioro de la democracia y la libertad de expresión en Ecuador, todo en un contexto de militarización y profundización del extractivismo. En conjunto, retratan el concomitante recrudecimiento de la represión del estado, la erosión de las garantías, la captura gubernamental de los aparatos de justicia y control, y la coacción de la libertad de prensa.
El informe “Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo”, de la Misión Internacional de Observación y Solidaridad conformada por diez organizaciones de derechos humanos, alerta sobre los efectos del combate militarizado para atender problemas de seguridad ciudadana. Observa que la generalización de los estados de excepción ha hecho permanentes medidas pensadas como excepcionales, lo que va contra el fortalecimiento institucional recomendado para enfrentar el crimen y la corrupción. Ha facilitado, además, la represión violenta de las protestas y la impunidad de los abusos de la fuerza pública.
Otro mecanismo de erosión de derechos ha sido la expedición o reforma de múltiples leyes; por ejemplo, la ley de Organizaciones (las impide participar en temas de minería, entre otros), la de Inteligencia (faculta el espionaje estatal sin orden judicial, entre otros), la de Áreas Protegidas (contempla la militarización y vigilancia de áreas protegidas; relativiza el derecho a consulta previa, entre otros). En conjunto, han servido para el acoso judicial y administrativo sistemático de defensores de la naturaleza: bloqueo de cuentas a dirigentes y organizaciones; multas exhorbitantes a ambientalistas; acusaciones penales a campesinos opuestos a la minería; organización comunitaria estigmatizada como terrorismo y aumento de las amenazas y asesinatos de activistas y periodistas que no son investigados con diligencia (entre los más recientes, los de Manuel Cabrera, Mónika Silva y Robinson del Pezo).
Concluye el informe: “el país atraviesa un deterioro acelerado de las condiciones para la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, y convergen en él [...] la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento del Estado de derecho y la expansión de conflictos socioambientales asociados a actividades extractivas”.
Otra preocupación son las fallas de la justicia en temas ambientales y el incumplimiento de las sentencias. Se advierte sobre el acoso a la Corte Constitucional y la búsqueda del control del sistema de justicia por parte del poder ejecutivo.
De esto se ocupa otro informe, esta vez del Observatorio de Derechos y Justicia. En medio de las dudas sobre el nombramiento y sustitución de altas autoridades de la justicia en el país, como el Consejo de la Judicatura o la Fiscalía, el informe identifica el aumento y diversificación de acciones para disciplinar, sancionar y separar a jueces que no cumplen con las necesidades políticas del gobierno. En total, reporta 253 alertas sobre la independencia de la justicia en lo que va del año, lo que rebasa lo registrado en todo 2025.
El tercer informe del que hablamos es de la fundación Periodistas Sin Cadenas. En él se constata que las agresiones estatales contra periodistas en el primer semestre de este año aumentaron en 76 % con respecto al año pasado. Las agresiones incluyen desde el desprestigio por medio de las redes sociales hasta presiones a los medios para separar a periodistas. Se citan la intervención de la editora de diario Expreso, el hostigamiento a Hernán Higuera y su familia por cubrir el caso Progen en Ecuavisa, entre otros.
Las cuatro esferas —represión y erosión de derechos; control de la justicia; silenciamiento de medios; y extractivismo militarizado— configuran una deriva autoritaria integral y sostenida, y se retroalimentan entre sí. No es coincidencia, por ejemplo, que al golpe crucial que dio el Concejo de la Judicatura al eliminar la unidad judicial Anticorrupción, le haya precedido la presión del gobierno para sacar al más sagaz cronista de la toma de la justicia, Roberto Aguilar, del medio en el que escribía. (Andrés Vallejo)
Alcance: El 6 de octubre diario Expreso, el principal y casi único periódico independiente que quedaba en el país, donde escribía Aguilar, anunció el cese de su edición impresa debido a las presiones financieras y legales a las que le somete el gobierno.
